Derecho de admisión. Prohibición de establecer un límite de acceso para una edad que sea superior a los 18 años.

Además de las limitaciones generales de acceso a un local, evento, espectáculo que obliga al personal de control de acceso a no dejar entrar a quien vaya drogado, bebido, armado, etc… (sin necesidad de que ello conste en ningún cartel en la entrada)  el derecho de admisión permite  a las personas titulares de los establecimientos abiertos al público y las personas organizadoras de espectáculos públicos y actividades recreativas determinar las condiciones de acceso a su local o evento. Estas condiciones deben constar en un rótulo que debe ser visible a la entrada del local, no sirviendo de nada, por lo tanto, un cartel genérico que diga “SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN” 

Por ello puede ser legal que un local imponga que en su local no se pueda entrar con calzado deportivo, chandal, disfraz, etc.  Pero no se pueden imponer condiciones que resulten discriminatorias por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas usuarias de los establecimientos y de los espacios abiertos al público, tanto en lo referente a las condiciones de acceso como a la permanencia en los establecimientos y al uso y disfrute de los servicios que se prestan.

En virtud del artículo 14 de la Constitución, por lo tanto, no se pude limitar el acceso del público tampoco en función de la edad.  Se puede prohibir el acceso a los menores de edad, pero no se puede limitar la entrada de los que ya alcancen dicha edad con limitaciones del tipo queda prohibida la entrada a menores de 21 años, de 25 o de la edad que el empresario pretenda.

Ninguna razón puede justificar a que en base a un mero criterio organizador de clientes del empresario, se excluya a nadie de un establecimiento abierto al público. Por encima de la mayoría de edad legal, no se justifica que puedan concurrir circunstancias que puedan amparar que en base a solo esa circunstancia personal de los consumidores y usuarios se pueda limitar el acceso de los mismos a los establecimientos. 

La limitación a los menores de edad, entienden los Tribunales, tiene su justificación en la propia Constitución en función de la debida protección que se exige a quien aún no ha alcanzado la edad mínima en la que tradicionalmente se fija un grado mínimo de madurez. Pero la libertad de empresa, para tener un determinado tipo de clientela, no ampara discriminar a los mayores de edad.

En este sentido resolvió, por ejemplo el TSJ de Andalucia, en Sentencia de 12 de marzo de 2009, considerando a los mayores de 18 años, de acuerdo con la Constitución y el Código Civil, ciudadanos con plena capacidad.

 

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