Muerte de un joven durante un festejo popular. Condena penal de 900 euros al Concejal de Fiestas por homicidio por imprudencia menos grave. Incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo. Absolución del Alcalde. Responsabilidad civil del Ayuntamiento.

El Juzgado de lo Penal número 4 bis de Alicante en Sentencia no firme de 29 de junio de 2019 ha condenado al pago de una multa de 900 euros al Concejal de fiestas de  Planes como autor de un delito de homicidio por imprudencia menos grave, por la muerte de un joven durante la ‘Plantà del Xop’ de 2012, una festividad ancestral que celebraban los quintos de esta localidad alicantina cada mes de mayo para llamar a la fertilidad de la tierra.

LOS HECHOS PROBADOS

Sobre las 21:30 horas del día 19 de mayo de 2012, en la plaza principal del municipio de Planes, mientras se trataba de izar el chopo, con ayuda de las tijeras, por razones que no se han podido determinar (por resbalar alguna cuña de tijera que careciese de calzado seguro, por falta de fuerza humana suficiente para soportar el peso en las tareas de izado, por resbalar el calzado de los participantes en el izado, por cansancio de los participantes…), el chopo cayó sobre los asistentes, alcanzando una de las grandes vigas de madera que lo sujetaban (uno de los dos troncos que forman parte de las tijeras) a la víctima, quien se encontraba entre los mozos que trataban de sujetarla, causándole la muerte, cayendo también una parte de una de las tijeras a otro asistente, causándole fractura cerrada del tercio medio de la tibia izquierda.

Se considera probado que el Concejal de fiestas  incumplió las obligaciones propias de su cargo (artículo 78 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local), desentendiéndose de forma injustificada de las necesidades y organización de la festividad  (contratación del Grupo de Dolçainers, coordinación de la actuación de de la Unión Musical de Planes, ordenes de revisión y puesta a punto para la entrega de tijeras y cuerdas que se encontraban en almacén municipal, presupuesto y propuesta de aprobación para iluminación de la plaza; disposición de las vallas para el cierre del tráfico rodado en el pueblo, etc.); labores propias del cargo político para el que fue nombrado, y cuya atribución ostentaba en exclusiva.

LA ABSOLUCIÓN DEL ALCALDE

De la declaración del Alcalde, inicialmente acusado pero absuelto por la Sentencia sorprenden varios extremos de los que se desprenden las inexistentes medidas de seguridad que se adoptan en la fiesta:

  • Nunca ha habido normativa al tratarse de una fiesta ancestral
  • El Ayuntamiento organiza que haya un grupo de danzas; se cortan las calles, coordina el evento, orquesta, tarima, la custodia de tijeras y las cuerdas
  • Sobre las medidas de seguridad que existen son las 3 tijeras y las cuerdas
  • No se avisa a una ambulancia, o a protección civil
  • No disponen de policía local
  • Tampoco avisan a la Guardia Civil para que esté durante el festejo, los que acuden son de paisano
  • No existe un plan de prevención de riesgos
  • La fiesta se viene celebrando desde el año mil ochocientos y algo, y se ha hecho siempre, todos los años; nunca ha pasado nada
  • Quien elige el chopo que hay que cortar son los quintos o los padres; no
    se les indica por el Ayuntamiento el perímetro o altura que debe tener el chopo
  • Cada uno bebe voluntariamente lo que quiere
  • Sabe que en otras poblaciones tienen unas cuerdas elevadas para evitar el desplome del árbol, pero en Planes siempre lo han hecho así, nunca hubo ningún accidente antes de estos hechos; en alguna ocasión se ha decidido tirarlo al suelo y levantarlo de nuevo, por peso, por cansancio; no sabe si ha habido accidentes en otras poblaciones; la fiesta es plantarlo como se ha hecho toda la vida.
  • No se ha podido prever que sucediera, si hubiera tanta sensación de peligro la gente no lo haría; no se ha vuelto a celebrar la fiesta por respeto a la familia, aunque hay gente que la quiere volver a celebrar.
  • Se podría hacer un protocolo de actuación, contratar una ambulancia, realizar algún perímetro de seguridad.
  • El Pleno del Ayuntamiento solicitó nombrar la fiesta como bien de orden cultural; se cortan las calles; ese año se adoptaron las mismas medidas de siempre, todos los festejos del Ayuntamiento se realizan con el beneplácito de todo el pueblo; el festejo es de ellos; el Ayuntamiento no lo supervisa, porque es una fiesta del pueblo; se organizan danzas y chiribiteros y una orquesta; cuando el Ayuntamiento no tiene recursos piden ayuda a la Diputación; el Ayuntamiento no exige ninguna declaración responsable
  • No hay ningún control sobre si los participantes van bebidos
  • Nunca han recibido ningún escrito u oficio aconsejando medidas correctoras y ninguna entidad provincial, autonómica o estatal, les ha requerido para que adoptaran medidas de seguridad; alguna vez ha ido la Guardia Civil a patrullar, y nunca les han dicho que la fiesta no se podía hacer, tal y como se desarrollaba

Sin perjuicio que la costumbre del lugar se haya mantenido durante años, se ha revelado en un caso como el presente, que las tradiciones ancestrales tienen también que adaptarse a la realidad actual que vivimos; y en este caso, si bien es cierto que se pudo reglamentar el funcionamiento de la festividad, fijar un plan de prevención de riesgos y adoptar medidas de seguridad tanto para los participantes como para los asistentes, lo cierto es que tal previsión quizás no se produjo porque jamás había ocurrido un accidente como el que desgraciadamente tuvo lugar el 19 de mayo de 2012, sin que pese a la documental obrante en autos, y testificales practicadas, se haya podido determinar cual fue la verdadera razón por la que las tijeras y el árbol cedieron y cayeron. Y en el caso analizado, la presencia de una ambulancia, de protección civil o de la Guardia Civil en el momento de los hechos, no hubiera cambiado el resultado producido, y siquiera se ha podido precisar si un soporte de goma a los pies de las tijeras hubiera evitado el accidente, por desconocer si lo que venció fue la fuerza de los participantes, el estado de las vigas o las dimensiones del chopo sobre las que jamás se planteó reglamentar, el calzado de los participantes, el número de personas que participaban en el izado, etc.

En la Sentencia se absuelve al Alcalde ya que concluye Su Señoría que condenar al Alcalde en este caso, sería tanto como condenar a todo el pueblo por la inconsciencia de participar en una fiesta que carece de medidas de seguridad que nunca han querido los habitantes de Planes, porque ello hubiera supuesto desnaturalizar el motivo de su celebración, condena que en la práctica ya se ha producido, dado que desde el año 2012 y con motivo de estos hechos la festividad no ha vuelto a celebrarse, siendo que si bien se carecía de medidas de seguridad específicas, la organización y puesta en marcha de la festividad debería haberse llevado a cabo con una mínima diligencia o interés por parte del responsable de la festividad, el Concejal de Fiestas. 

LA RESPONSABILIDAD DEL CONCEJAL DE FIESTAS

Fue el Concejal de fiestas, el responsable de coordinar el evento, dado que formaba parte de su competencia exclusiva del cargo evidenciándose con las diferentes declaraciones prestadas que hubo una dejación total de funciones por parte del concejal de fiestas, funciones exclusivas de su cargo existiendo una omisión voluntaria no maliciosa, desinteresándose totalmente de la organización de la fiesta para evitar posibles riesgos (chopo elegido, quintos de ese año, participantes en el izado, estado de las tijeras y cuerdas, iluminación en la plaza para la plantà, disposición de las vallas para el corte del tráfico y acceso de personas, etc.), revelándose por tanto la conducta del concejal de fiestas adecuada para producir el resultado dañoso que se produjo.

La infracción del deber de diligencia por parte del acusado se  conecta – siempre de acuerdo con la Sentencia- con el resultado producido, en el sentido de que se desocupó por completo de sus obligaciones como concejal de Fiestas de la localidad de Planes. En la Sentencia no se acoge su argumento de que siempre ha trabajado en el campo y que carece de estudios, ni que no sea un cargo retribuído, ya que asumió de forma voluntaria el cargo para el que fue designado.

Durante el juicio el Concejal reconoció desconocer cualquier detalle relativo a la festividad de 2012 (si se contrató o no iluminación, horario de la misma, cómo había transcurrido la festividad el día de su celebración, hora de llegada del chopo a la plaza, características del mismo, si ese año el Ayuntamiento realizó alguna aportación para los quintos, las actividades que se organizaron para ese día, si fueron revisados previamente y por quién, las tijeras y cuerdas, zonas de corte del tráfico rodado, acceso de visitantes, etc.); ignorando por tanto, pese a la falta de reglamentación de la festividad, las más elementales normas sociales de cuidado propias de una fiesta con gran tradición y proyección, siendo todos estos elementos concurrentes, acordes con la teoría de la equivalencia de condiciones, que deben conducir a la atribución de la responsabilidad penal solicitada.

EL RIESGO SOCIALMENTE ADMITIDO

Las defensas acuden al riesgo socialmente permitido, también denominado por la doctrina, “riesgo autorizado”, “riesgo tolerado”, “riesgo adecuado”, o “riesgo consentido”, para exonerar de responsabilidad a los acusados y trasladarla a la víctima.

En la Sentencia se manifiesta que aún cuando no existían medidas de seguridad específicas para la festividad, más que las que de antaño se han venido adoptando (tres tijeras, cuerdas en los extremos superiores para finalizar el izado del chopo), resulta obvio que esta actividad, como muchas otras de la vida diaria, suponían un riesgo para los participantes, pese a que los habitantes de Planes, y las autoridades no lo percibieran hasta el momento que sucedió el fatídico accidente, y no se puede decir que esa actividad carecía de utilidad social, pues sí que la tenía al ser una fiesta ancestral de referencia para todos los habitantes de la población de Planes, lo que obliga a valorar en este caso específico la graduación de la imprudencia, pues no puede ser el mismo grado de previsibilidad una acción de una actividad puntual, aislada, que una actividad, con riesgo, pero socialmente admitida, aceptada y realizada durante años, lo que reduce la previsibilidad.

Por ello, el conocimiento de ese riesgo es utilizado para graduar la pena por el homicidio imprudente.

LA CONDENA 

Se condena al Concejal de Fiestas como autor penalmente responsable de un delito de HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE del artículo su 142.2 CP (según redacción dada por LO 1/2015) a la pena de CINCO MESES de MULTA con CUOTA diaria de SEIS EUROS, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el articulo 53 CP (de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas).

RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTA DE CONDENADO Y ASEGURADORA Y SUBSIDIARIA DEL AYUNTAMIENTO

La sentencia declara la responsabilidad civil directa del condenado y de la aseguradora y subsidiaria del ayuntamiento en el pago de los 157.899 euros de indemnización reconocidos a los padres del fallecido y en los 9.160 euros que habrán de percibir en concepto de gastos funerarios.  “Igualmente procede condenar al Ayuntamiento de Planes como Responsable Civil Subsidiario, por cuanto la condena del acusado deriva del ejercicio del cargo público ostentado en el mismo, como concejal de fiestas de la localidad (hecho no controvertido por las defensas para el caso de condena). 

Anna Almécija

annaalmecijaSP@gmail.com

 

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